"En la Junaeb había una red para defraudar al Estado con los recursos que estaban destinados a los más pobres del país y quienes comandaban este servicio tanto el director como la plana ejecutiva son militantes de la DC y quiénes son los llamados a dar las explicaciones pertinentes y responder a los chilenos sobre lo que ahí ocurrió, por la confianza política que se les depósito en ellos". Así lo afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela tras conocer los antecedentes de la investigación por fraude al fisco que realiza el Ministerio Público y que se emitieron en un programa de televisión.

El parlamentario recordó que él junto al diputado de La Serena, también de la UDI, Sergio Gahona, presentaron la primera denuncia frente a esta situación, lo que luego originó la salida del director de la Junaeb. "Con nuestros antecedentes y los que luego acumuló la investigación de la Fiscalía, "nos permite adelantar que existe evidencia muy concreta que lleva a un supuesto pago de coimas y claramente un desvío de fondos públicos, cuyo destino debe ser aclarado".

En concreto se trata de la adjudicación por trato directo de más de 25 mil millones de pesos para la distribución de raciones alimenticias en colegios municipales y subvencionados y que van en beneficio de los niños más vulnerables del país.

Por estos contratos se habría pagado un sobreprecio por sobre los 5 mil millones de pesos. "Hay antecedentes suficientes para que en este caso intervenga el Consejo de Defensa del Estado y sería importante que el gobierno emita algún pronunciamiento frente a este caso y particularmente la DC, cuyos militantes están involucrados".

Pérez Varela precisó que el problema se produce en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con casos a lo largo de todo el país, donde se evidenció una falencia estructural mayor que se provocó cuando dos empresas de foodservice, Ferbas e Ibasa, incumplieron sus contratos con el Estado y a inicios de año las autoridades de Junaeb optaron por delegar el servicio a trato directo, sin licitación, a sociedades sin experiencia, desconocidas en el mercado y, en algunos casos, endeudadas.

El parlamentario indicó que para este trato directo se invitó a participar a 16 empresas del rubro, de las cuales sólo 12 presentaron ofertas, "pero lo extraño es que sólo se evaluó a tres, y sin ninguna explicación razonables no se consideraron a las otras 9".

Más aún, dijo el parlamentario, "de las tres seleccionadas, finalmente se deja a las dos más caras, que además no reunían el mejor puntaje respecto a la calidad del servicio que podían ofrecer, lo que se ha comprobado en la fiscalización que se ha hecho aleatoriamente en colegios de la Cuarta y Octava regiones".