Dentro de los datos destacados en la presentación, se señaló que el 59,1% de la población con discapacidad está inactiva laboralmente y que el 50% de las niñas, niños y adolescentes presenta inasistencia grave o crítica.

En Ginebra, el Estado de Chile rindió su segundo examen sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto, la jefa de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Silvana Lauzán, expuso ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU el Informe Complementario del INDH.

En su exposición el INDH valoró “los avances normativos alcanzados por el Estado chileno desde la última revisión. Sin embargo, el INDH ha constatado que el tránsito desde un modelo asistencialista hacia uno basado en el enfoque de derechos humanos sigue siendo incompleto”. Su presentación abordó tres áreas principales: capacidad jurídica y eliminación del modelo de sustitución; certificación y robustez institucional para garantizar derechos; y finalmente desigualdad y ejercicio de derechos sin discriminación.

La jefa de la Unidad de Estudios explicó que “no existe una regulación legal específica sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial que se ajuste plenamente a los estándares internacionales”. Agregó que el Código Civil aún contiene disposiciones que califican como “absolutamente incapaces” a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, mientras que el proyecto de ley destinado a adecuar esta regulación se encuentra sin avances en su tramitación desde el año 2021.

En segundo lugar, Silvana Lauzán señaló que “sólo el 20,4% de las personas con discapacidad en Chile está inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad”, el que permite acceder a distintos beneficios, programas y apoyos del Estado. Añadió que persisten importantes debilidades institucionales, pues la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales “carece de facultades de fiscalización, de independencia técnica e institucional del Ministerio de Salud”. 

En cuanto a la desigualdad y el ejercicio de derechos sin discriminación, señaló que el “59,1% de la población con discapacidad está inactiva laboralmente y, en el sector público, el 61,1% de los organismos no cumple la cuota legal vigente del 1%” de contratación de personas con discapacidad. En materia educativa, añadió que “el 95% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad cuenta con matrícula vigente, sin embargo, más del 50% presenta una inasistencia grave o crítica. Además, la adhesión al Programa de Integración Escolar es voluntaria para establecimientos subvencionados, lo que genera dinámicas de segregación. Su implementación debiera ser universal e incluir a todos los establecimientos que reciben recursos públicos”. 

Finalmente advirtió que en la actualidad “el Estado está aplicando un ajuste del 3% del presupuesto en todos los ministerios y servicios, salvo algunas excepciones. Según lo anunciado, estos recortes continuarán durante los próximos años. Agregó que, si bien la reducción ha sido transversal, tiene un impacto desproporcionado en servicios como el Servicio Nacional de Discapacidad”. Por ello, el INDH llamó a considerar el impacto diferenciado que los recortes tienen sobre las instituciones y políticas destinadas a grupos de especial protección, con el fin de prevenir retrocesos que afecten aún más la garantía de sus derechos”.

Jornadas del INDH con organizaciones

Antes del examen, entre abril y mayo el INDH realizó un ciclo de talleres con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en nueve regiones del país. En estas jornadas se proporcionaron herramientas técnicas para apoyar la elaboración y presentación de informes sobre los avances, desafíos y brechas que enfrentan las personas con discapacidad en Chile. 

Tres de estos talleres fueron realizados junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En total, más de 250 personas fueron parte de los encuentros a nivel nacional.