Nos llega la opinión personal del Consejero Regional Luis Santibañez pidiendo que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros para recuperar la seguridad en los barrios del Biobío, donde el crimen organizado ha tomado el control.

Hay un dato que debería remecer a cualquier autoridad regional: un 76% de los chilenos está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en el resguardo de los barrios donde el crimen organizado ha tomado la calle, según la última encuesta Plaza Pública Cadem (N°679).

Y en regiones —como la nuestra— la adhesión es todavía mayor que en Santiago.

En esta tarea, el rol del Gobierno Regional del Biobío es clave. No basta con desplegar a las policías y a las Fuerzas Armadas en el territorio: hay que garantizarles los medios.

Por eso debemos impulsar una modificación legal que permita a las propias Fuerzas Armadas presentar proyectos directamente al GORE Biobío para adquirir activos y tecnología destinados al combate del narcotráfico, el terrorismo y el robo de madera que golpea con especial dureza a la provincia de Arauco.

Es el reflejo de miles de familias del Biobío que hoy cierran sus cortinas antes de las ocho de la noche, que evitan ciertas esquinas de sus propias poblaciones, que ya no dejan salir a sus hijos a la plaza porque esa plaza dejó de ser de ellos.

En Concepción, Talcahuano, Coronel y Los Ángeles hay sectores donde el narcotráfico administra el orden público con más eficacia que el Estado, mientras una mayoría silenciosa de buenos vecinos ha visto cómo su espacio público terminó ocupado por quienes viven al margen de la ley.

No me sorprende que el 84% respalde mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, ni que un 76% quiera a las Fuerzas Armadas apoyando ese trabajo. Lo que sí me sorprende es que sigamos discutiendo si corresponde actuar.

Hoy existe en el Congreso un camino concreto: un proyecto de reforma constitucional (Boletín N°18.460-07) que habilita un régimen transitorio para que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros y la PDI en las zonas más golpeadas, sin reemplazar su labor.

Ya se solicitó suma urgencia, y esta ley no puede seguir esperando mientras nuestros vecinos esperan que alguien les devuelva su barrio.

Pero una ley no dispara una sola bala ni instala una sola cámara. Por eso impulsaré en el Consejo Regional que el GORE Biobío destine recursos del FNDR —subtítulos 24 y 29— a financiar vehículos, video vigilancia y tecnología para nuestras policías, y también para las Fuerzas Armadas una vez aprobada la modificación legal.

El Biobío ya dio un primer paso con el Sistema Integrado de Teleprotección con IA (SITIA); corresponde profundizarlo con los estándares de transparencia exigidos por la Contraloría tras detectar deficiencias en licitaciones de televigilancia en la región.

No es un discurso de mano dura vacío: es responder, con hechos y presupuesto, a una demanda que las cifras confirman semana a semana. La gente quiere recuperar sus barrios, sentarse en la plaza sin mirar por sobre el hombro, que sus hijos jueguen en la calle sin que eso sea un acto de valentía.

El Biobío puede ser la región que no solo pide seguridad, sino que la financia y la exige con estándares. Los buenos vecinos —una mayoría aplastante— no pueden seguir siendo rehenes de una minoría que decidió que las calles le pertenecen.

POR: Luis Santibáñez Bastidas - Consejero Regional del Biobío - Presidente Comisión de Presupuesto e Inversiones