El aumento de 5,25% en las tarifas de Essbio, que comenzará a regir en septiembre en las regiones del Biobío, Ñuble y O’Higgins, obliga a mirar más allá del porcentaje, pues encarece un servicio esencial y difícil de ajustar dentro del presupuesto familiar.

El consumo básico de agua tiene pocos sustitutos y no puede reducirse fácilmente. Por eso, cuando la cuenta aumenta, las familias tienen poco espacio para modificar ese gasto y deben incorporarlo junto a otras obligaciones mensuales.

La Encuesta Suplementaria de Ingresos 2025 muestra que el ingreso laboral mediano alcanzó $634.866 en Biobío, $599.151 en Ñuble y $600 mil en O’Higgins, cifras inferiores a los $680 mil registrados a nivel nacional. Aunque corresponden a personas ocupadas y no al ingreso total de los hogares, estos números reflejan una menor holgura para enfrentar aumentos en gastos fijos.

El reajuste se suma a otros gastos que también han ido aumentando, como los alimentos, la energía, el transporte y la vivienda, dejando a muchas familias con menos margen para ordenar su presupuesto mensual.

La explicación del alza también requiere precisión. No se trata de que Essbio haya aumentado sus gastos y los traspase directamente a sus clientes. En Chile, las tarifas sanitarias se fijan mediante un proceso regulado que considera los costos necesarios para operar, invertir y ampliar el servicio bajo el criterio de una empresa eficiente. El aumento de 5,25% corresponde al período tarifario 2026-2031 y es distinto de los reajustes habituales por indexación.

Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, este nuevo valor reconoce mayores costos de insumos, infraestructura que ya está en funcionamiento y obras destinadas a reforzar la seguridad del abastecimiento durante los próximos años. Entre ellas se contemplan pozos de respaldo en Concepción, Chillán y Rancagua, además de nuevas fuentes en Coya, Puente Negro, Contulmo, Los Álamos y Yumbel.

Por eso, no sería correcto presentar el alza como una decisión sin fundamento. La discusión está en evaluar si estas inversiones permitirán enfrentar de mejor manera sequías, incendios, turbiedad y eventuales fallas en el suministro.

Ahí está el principal dilema. El sistema necesita recursos para operar e invertir en un escenario climático cada vez más exigente, pero esos recursos provienen de hogares que no pueden sustituir el servicio ni reducir demasiado su consumo básico. El reajuste puede estar técnicamente justificado y, al mismo tiempo, afectar con mayor fuerza a quienes tienen menos margen en su presupuesto.

Por eso, la discusión no debiera centrarse solo en si el porcentaje es alto o bajo, sino en si la nueva tarifa refleja costos razonables y fortalece efectivamente la continuidad del suministro. Muchas de estas obras son preventivas y su valor se aprecia cuando evitan cortes o fallas. Durante los próximos años será necesario observar si aumentan las fuentes de respaldo, mejora la autonomía de los sistemas y disminuye la exposición a eventos críticos. Solo entonces podrá evaluarse si el mayor costo asumido por los hogares se tradujo en un servicio más seguro.