¿Quién decide las prioridades estratégicas de Chile? ¿Los chilenos o una potencia extranjera?

La pregunta parece obvia, pero dejó de serlo cuando Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, exhortó a los países de América Latina, durante la Conferencia de Ministros de Defensa realizada en Cusco, a elevar su gasto militar hasta el 3,5% del PIB, siguiendo el estándar que hoy exige Washington a los países miembros de la OTAN. Lo hizo al presentar el denominado "corolario Trump" de la Doctrina Monroe y junto con advertir sobre la influencia de potencias "extrahemisféricas", en una evidente referencia a China.

No fue una simple recomendación presupuestaria. Fue una definición geopolítica.

El mensaje es claro: Estados Unidos identifica las amenazas, define quiénes son sus adversarios y espera que América Latina destine una parte creciente de sus recursos para acompañarlo en esa estrategia.

Toda potencia tiene derecho a defender sus intereses nacionales. Lo que no resulta aceptable es que pretenda definir las prioridades estratégicas de otros países.

Hoy Chile destina alrededor del 1,5% de su Producto Interno Bruto a defensa. La propuesta de Colby supone elevar ese esfuerzo al 3,5%, más que duplicando el gasto militar. Ello implicaría destinar aproximadamente siete mil millones de dólares adicionales cada año. Toda decisión presupuestaria implica renuncias. La pregunta es inevitable: ¿qué dejaríamos de financiar para hacerlo? ¿Educación? ¿Salud? ¿Infraestructura? ¿Investigación? ¿Vivienda?

La política de defensa debe responder únicamente a una pregunta: ¿qué necesita Chile para proteger a Chile? No qué necesita Estados Unidos para enfrentar a China. Mantener Fuerzas Armadas modernas, profesionales y con capacidad disuasiva es una obligación permanente del Estado. Muy distinto es incorporarse a una carrera armamentista cuyos objetivos fueron definidos fuera de nuestras fronteras.

La misma lógica aparece cuando se propone enfrentar el crimen organizado como si se tratara de una guerra. Considerar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas y privilegiar respuestas militares puede resultar atractivo para sociedades atemorizadas, pero entraña un enorme riesgo para el Estado de Derecho.

Los criminales deben ser perseguidos, detenidos, investigados y juzgados. Cuando el Estado reemplaza la justicia por la eliminación física de los delincuentes, también desaparece información indispensable para conocer sus redes de financiamiento, sus vínculos con autoridades, sus mecanismos de corrupción y la identidad de quienes los protegen. La muerte del Niño Guerrero dejó esa interrogante abierta. La fortaleza de una democracia no consiste en decidir quién vive y quién muere, sino en tener instituciones capaces de someter incluso a los peores criminales a la justicia.

También debemos rechazar la pretensión de que otros determinen con qué países podemos relacionarnos. Desde el retorno a la democracia, Chile ha construido una política exterior basada en la autonomía, el respeto al derecho internacional, el multilateralismo y la apertura al mundo. Esa estrategia ha permitido mantener relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, China, Europa, Asia y América Latina. Lejos de ser una debilidad, esa diversificación ha sido una de nuestras mayores fortalezas.

El verdadero debate no consiste en elegir entre Washington y Beijing. Consiste en decidir qué lugar quiere ocupar Chile en el mundo que está emergiendo.

Mientras algunas potencias continúan organizando su poder en torno al petróleo, la industria militar y el control de los hidrocarburos, Chile posee una oportunidad distinta. Tenemos las condiciones para convertirnos en un electroestado: una nación capaz de transformar su enorme potencial en energías renovables, hidrógeno verde, cobre, litio, innovación y conocimiento en desarrollo, autonomía y prosperidad.

Ese es el debate estratégico que realmente importa.

Porque la verdadera soberanía no consiste en alinearse con una potencia u otra. Consiste en conservar la libertad para decidir, por nosotros mismos, qué país queremos construir y cómo protegerlo.