En medio del bencinazo, hay hechos que están pasando casi desapercibidos. Pero son precisamente esos los que anticipan problemas mayores. Lo ocurrido con la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Prefecta General Consuelo Peña, es uno de ellos.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, negó haber solicitado su remoción. Sin embargo, versiones de prensa, basadas en información interna de la PDI, son coincidentes e indican lo contrario: que la petición existió, que fue insistente y que incluso el director general de la PDI habría intentado dilatar esperando que se reconsiderara. No ocurrió. La decisión se concretó.

No estamos frente a un simple cambio administrativo. Estamos frente a una señal política.

Ninguna autoridad, ni menos recién asumida, puede o debe intervenir directa o indirectamente en decisiones de alto mando policial si no existen fundamentos objetivos, institucionales y transparentes. Se trata, además, de una oficial que formaba parte de un alto mando recientemente constituido, tras la crisis institucional que obligó a reconfigurar la dirección de la PDI en 2024 y que fue ratificado y ajustado en septiembre de 2025. No estamos frente a una estructura agotada, sino a una que recién comenzaba a consolidarse.

Lo que agrava el cuadro es el contexto. La solicitud de información por parte de la ministra sobre traslados de funcionarios vinculados a un operativo ocurrido cuando Steinert era fiscal en Tarapacá, entre ellos, según antecedentes que deben ser ratificados, un funcionario cercano a la actual ministra de Seguridad abre una duda legítima: ¿estamos frente a una decisión de Estado (pública) o frente a una decisión personal (privada)?

Porque cuando las decisiones dejan de responder al interés general y comienzan a estar motivadas por asuntos personales, se abre una puerta gigantesca a la corrupción. Una puerta por la que, día a día, golpean intereses que buscan protección, favores o impunidad. Y cuando esa puerta se entreabre, lo que comienza a quebrarse no es solo una decisión puntual: es el Estado de Derecho mismo.

Chile no está en condiciones de debilitar sus instituciones de seguridad. No cuando enfrenta crimen organizado, migración irregular y una ciudadanía que exige respuestas. Sacar de la institución a una oficial con más de 30 años de trayectoria, que acumula una experiencia invaluable y cuya formación ha costado millones al Estado, no es neutro. Es una pérdida concreta de capacidades en un área crítica. Pero, además, es una señal devastadora hacia el interior de la institución: que las decisiones no necesariamente responden al mérito, sino a la necesidad de agradar o alinearse con la autoridad política de turno.

En seguridad, las señales importan tanto como las decisiones.

Porque cuando quienes lideran el combate a la delincuencia transmiten que el poder puede usarse discrecionalmente, lo que se erosiona no es solo una carrera funcionaria. Se erosiona la confianza, se debilitan las instituciones y se instala la sospecha como norma. Más aún cuando algunos de los funcionarios trasladados habrían participado en investigaciones contra redes de crimen organizado de carácter internacional, lo que vuelve indispensable despejar cualquier duda sobre eventuales interferencias o conflictos de interés dentro del Ministerio de Seguridad.

El problema no es solo lo que ocurrió. Es el precedente que se instala.

Si este es el punto de partida, lo que viene no es más seguridad, sino exactamente lo contrario: instituciones más débiles, decisiones más opacas y un Estado cada vez más vulnerable a la captura de intereses. Y ese es el camino más corto —y más peligroso— hacia la degradación del Estado de Derecho y de la democracia.