Cada 8 de marzo hablamos de brechas salariales, de participación política, de corresponsabilidad. Y es necesario. Pero hay una desigualdad que suele quedar fuera de la conversación pública: la que viven las mujeres con discapacidad. Una brecha dentro de otra brecha. Una exclusión que se multiplica.

En Chile, más de 2,7 millones de personas adultas viven con discapacidad. Representan el 17,6% de la población adulta. El 21,9% de la población adulta con discapacidad son mujeres. El 13,1% de la población adulta con discapacidad son hombres. Es decir, la discapacidad en Chile tiene rostro mayoritariamente femenino.

Sin embargo, cuando se diseñan políticas públicas de género, rara vez se incorpora esta dimensión. Y cuando se habla de discapacidad, pocas veces se aborda desde el enfoque de género.

Las cifras son elocuentes. Solo el 36% de las mujeres con discapacidad participa del empleo, frente al 45% de los hombres con discapacidad. Si ya sabemos que las mujeres sin discapacidad enfrentan menores tasas de participación laboral que los hombres, en el caso de la discapacidad la desventaja es aún mayor. No solo enfrentan prejuicios por ser mujeres, sino también por su condición. Son vistas como dependientes, frágiles o incapaces de asumir responsabilidades laborales. Y lo más terrible de todo es que esta discriminación nace de las mismas familias, en vez de incentivar a que las mujeres con discapacidad trabajen fuera del hogar, la relegan a ayudar en la casa: cuidar hermanos chicos, ayudar en la cocina, hacer el aseo. El tradicional rol femenino que por años las mujeres hemos luchado por cambiar, en el mundo de la discapacidad llega al nivel de la caricatura.

Lo mismo pasa en la educación superior. De los más de 2,7 millones de personas adultas con discapacidad, solo 12.479 están hoy estudiando. Menos de 1 de cada 200. Mientras que en la población sin discapacidad, 1 de cada 10 accede a la universidad. La probabilidad de acceder es más de 20 veces mayor para quienes no tienen discapacidad. Cuando la inclusión universitaria es excepcional y no estructural, las trayectorias laborales futuras ya están marcadas.

A nivel internacional, el patrón se repite. Según Naciones Unidas, las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo de pobreza, menor acceso a empleo formal y una exposición significativamente mayor a violencia de género. En América Latina, estudios de CEPAL muestran que la combinación de género y discapacidad profundiza la exclusión social y económica, especialmente en contextos de informalidad laboral.

Pero más allá de las cifras, hay una dimensión cultural que debemos enfrentar. Las mujeres con discapacidad han sido históricamente infantilizadas, sobreprotegidas o invisibilizadas. Se cuestiona su autonomía, su capacidad de decisión, su derecho a la maternidad, a la sexualidad, al liderazgo. Se habla por ellas, se decide por ellas, se planifica sin ellas.

El enfoque de género en discapacidad no es un gesto simbólico: es una obligación ética y una condición para el desarrollo. Implica políticas de empleo con apoyos efectivos, educación inclusiva desde la primera infancia, sistemas de cuidado que no recaigan exclusivamente en mujeres, y marcos normativos que reconozcan la interseccionalidad de las desigualdades.

También implica escuchar. Incorporar a mujeres con discapacidad en espacios de decisión, en directorios, en el diseño de políticas públicas. No como beneficiarias pasivas, sino como protagonistas.

En Fundación Tacal hemos visto que cuando se entregan apoyos adecuados, ajustes razonables y oportunidades reales, las mujeres con discapacidad no solo participan: lideran, innovan y transforman entornos laborales completos. La inclusión no es caridad; es inteligencia social y económica.

Este 8 de marzo no basta con hablar de igualdad en abstracto. Si queremos una sociedad verdaderamente inclusiva, debemos mirar donde la desigualdad es más profunda. Las mujeres con discapacidad no pueden seguir siendo una nota al pie en la agenda de género.

Porque no hay igualdad posible si dejamos fuera a quienes enfrentan más de una barrera al mismo tiempo.

POR: Andrea Zondek / Fundadora y Presidenta de Fundación Tacal