El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria que evalúa el nivel de acceso a la información de las municipalidades respecto del uso de recursos públicos destinados a la compra y arriendo de terrenos, casas y edificios durante el año 2024. Este ítem de gasto superó los $68 mil millones de pesos a nivel nacional, según el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y la sección de Reportes Financieros y Presupuestarios Municipales del sitio de Contraloría General de la República (CGR).

La fiscalización analizó, respecto de los arriendos, la información publicada en transparencia activa por una muestra de 35 municipalidades, seleccionadas por ser aquellas que mayor porcentaje de su gasto total destinaron a arriendos según el SINIM. Respecto de las compras, se dirigieron solicitudes de acceso a información a las 105 municipalidades que, de acuerdo con la revisión masiva de transparencia activa de todos los municipios en contraste con la información del SINIM y la CGR, informaron haber adquirido bienes inmuebles en 2024.

En el caso de las compras, de los 105 municipios que informaron gasto en este ítem, solo siete publicaron los contratos de compraventa respectivos en sus sitios web. Paralelamente, se le hizo a cada uno una solicitud de acceso a información para que entregara la nómina de bienes inmuebles adquiridos en 2024, los contratos de compraventa, los actos administrativos que los aprueban, las actas de los concejos municipales que aprueban cada compra y los informes de tasación que respaldan el valor de cada operación. Ante estas solicitudes, un 55% incumplió el procedimiento legal de acceso a información pública, ya sea por no responder, hacerlo fuera de plazo, efectuar prórrogas extemporáneas o entregar información incompleta. Asimismo, un 38% incurrió en incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales, ya que entregó datos personales —como RUT, domicilios, firmas o cuentas bancarias— sin el debido tarjado, exponiendo información que la ley obliga a resguardar.

En materia de arriendos, el informe identificó que, de la muestra de 35 municipios, tres de ellos (Antogafasta, Primavera y Rancagua) no cuentan con información al respecto en sus sitios de transparencia activa, a pesar de haber ejecutado gastos en este ítem según SINIM. Asimismo, la revisión constató problemas reiterados en la publicación de información, como: contratos no publicados o desactualizados, enlaces que no conducen a los documentos, montos informados sin aclarar si corresponden a valores mensuales o totales, y registros genéricos que no permiten conocer con claridad el destino de los inmuebles. Se detectó, además, que un 4,2% de los arriendos son con fines habitacionales para funcionarios municipales, incluido un alcalde.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “cuando la inversión pública es por montos tan relevantes como los que destinan las municipalidades a la compra o arriendo de inmuebles se justifica un especial interés público en conocer esta información, y es en áreas como esta en las que el Consejo para la Transparencia pone el foco. Esta información es necesaria para que las personas puedan controlar que se trate de operaciones por valores ajustados a mercado, justificados en el interés general y no particular, y consistentes con las funciones y atribuciones municipales”. Agregó que “los hallazgos son preocupantes, justamente porque en muchos casos la información disponible no permite a la ciudadanía ejercer su derecho a hacer este examen, lo cual llama especialmente la atención si consideramos que en los últimos años hemos sido testigos de una serie de cuestionamientos a ciertas compras municipales de inmuebles”.

Finalmente, el Consejo para la Transparencia informó que los antecedentes levantados en esta fiscalización serán remitidos a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que el organismo de control adopte las medidas que estime pertinentes, en el marco de sus atribuciones legales.