Corría julio de 1971, y tras décadas de lucha del pueblo chileno, el cobre fue finalmente nacionalizado, siendo arrebatado de las manos de capitales foráneos en un proceso histórico clave para los movimientos sociales.

[ Columna de opinión en radio.uchile.cl por Javier Arroyo Olea (OLCA) ]

Sin embargo, aquella búsqueda por la soberanía tuvo un quiebre irreparable tras el inicio de la dictadura civil-militar. En consecuencia, los gobiernos de la postdictadura, iniciando un proceso de reprivatización y desnacionalización que se profundiza y mantiene hasta la actualidad.

Así, tras 54 años de la nacionalización del cobre, hoy la frontera extractiva se expande a merced del mercado financiero, de los grandes capitales nacionales y transnacionales, del aseguramiento de la “cadena de suministro” de las potencias globales y el manoseado escenario de transición energética corporativa. Esto, mientras la administración del Gobierno de turno coloca la música y abre las puertas del país a una inversión descriteriada y depredadora, que sofoca resistencias y defensas de los territorios.

En este sentido es que aparecen los llamados “minerales de la Transición” o “minerales críticos”, un nombre bajo el cual el empresariado y los gobiernos aglutinan a diversos bienes comunes naturales que tributan a una transición energética definida por los países industrializados del Norte Global, y fuertemente anclada a la mercantilización y el abultamiento de los mismos bolsillos que nos han empujado a esta crisis climática. 

Cobre, litio, renio, molibdeno y tierras raras, para la transición energética, o potasio y boro para la seguridad alimentaria; todo sirve para darles el tributo de “críticos”, y Chile -con un extractivismo cada vez más agudizado- es una fuente de múltiples de estos bienes comunes, por lo que las garras de estos conglomerados buscan apropiarse lo más rápido posible.

Así, a esta extensa franja entre cordillera y mar se le ha designado empresarial y políticamente el rol de “salvador del planeta” para lo cual debería ser explotado en pos de una supuesta lucha contra la crisis climática. Sin embargo, los mismos que buscan explotar a Chile son quienes definen estos minerales como “crítico”, pero para el beneficio de sus economías y su transición energética del Norte Global, mientras que para nosotros y nosotras debieran ser considerados como “estratégicos”, en pos de cuidar la integridad de los territorios y las comunidades.

Y para esto, no escatiman en gastos. Un focalizado e intenso lobby, frenar o intervenir para que no exista una transparencia integral, presionar para la aceleración de la tramitación ambiental pregonando la llamada “permisología” y la criminalización de defensoras y defensores ambientales forman parte de la batería de estrategias que hoy desatan los capitales foráneos y nacionales.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la Dignidad no cabe en un bolsillo empresarial. La transición energética, y su mandato moral climático revestido de verde e impulsado por la manipulada alianza público-privada, empuja, amplía y fortalece el extractivismo mientras también profundiza la lógica de privatización y desnacionalización de bienes comunes minerales. Esa matriz, que hoy aplaude la agenda político-empresarial, está lejos de aquella Dignidad que se materializó hace 54 años.

De lo contrario, ¿de qué Dignidad estamos hablando?

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