Para coordinar las fases de implementación de la Ley 21.545, más conocida como Ley TEA, se reunió el Seremi de Salud, Dr. Eduardo Barra Jofré y su par de Educación, Carlos Benedetti Reiman, a través del Comité Regional TEA, cuyo objetivo fue desarrollar un plan de acción acorde con las necesidades de personas que son parte de este espectro. Dentro de dicho comité, también participa el Servicio de Salud (SS) Concepción, SS Talcahuano, Arauco y Biobío; y a su vez, los directores provinciales de la cartera educacional.

Recordemos que esta ley fue promulgada el 2 de marzo de 2023, por el presidente Gabriel Boric Font, como parte de los compromisos de Gobierno, que tienen como objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de las personas con trastorno del espectro autista. De esta forma, se asegura la eliminación de cualquier forma de discriminación, promoviendo integralidad en el ámbito social, de la salud y educación, concientizando a la población de manera transversal sobre esta normativa.

La implementación de la normativa referida a TEA en el ámbito de la salud debe estar presente en los diferentes niveles de atención y ser abordada de manera integral, centrada en la persona, su familia y en el curso de vida que desarrolla, brindando acciones desde la detección, evaluación integral y procesos de acompañamiento y rehabilitación de acuerdo con su crecimiento personal.

“El sistema público de salud en todos sus niveles de atención, debe garantizar la atención integral a las personas TEA a través de la organización de equipos de salud para acompañar un proceso de diagnóstico eficiente y eficaz, así como del apoyo y rehabilitación integral para que estas puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo. Además, se debe procurar la articulación con el intersector para cubrir aquellas necesidades que no son parte del ámbito sanitario”, señaló la principal Autoridad de la salud de la región, Dr. Eduardo Barra Jofré.

Desde el punto de vista educacional, el Estado debe garantizar que accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados, sumado a que el Ministerio de Educación está mandatado a desarrollar formación dirigida a profesionales y asistentes de la educación, acompañar la atención e implementación de proyectos inclusivos, además de cubrir las necesidades de sus estudiantes, procurando espacios educativos inclusivos y sin violencia.